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Aunque el juez federal Guillermo Montenegro ordenó indagar sólo a dos funcionarios por las presuntas coimas pagadas en el caso Skanska, la cantidad de funcionarios públicos acusados por el fiscal federal Carlos Stornelli el miércoles último asciende a 23. En su mayoría se encuentran en el área del Ministerio de Planificación, cuyo titular es Julio De Vido.

Encabeza la lista el secretario de Energía, Daniel Cameron, a quien Montenegro aún no indagará. En junio interrogará, en cambio, al ex titular del ente oficial Enargas y al ex gerente de Nación Fideicomisos, Fulvio Madaro y Néstor Ulloa, respectivamente y a varios ex directivos de la constructora sueca Skanska. La acusación es cohecho.



Pero en el dictamen fiscal, Ulloa, Madaro y otros 21 funcionarios están acusados, también, de haber consentido que se pagaran sobreprecios millonarios a las empresas constructoras que en 2005 ampliaron los gasoductos Norte y Sur.

Aunque menos llamativo que las presuntas coimas, el de los sobreprecios es un aspecto que, además de contar con abundante documentación en el expediente, puede deparar muchas sorpresas.



Un cálculo a partir de las protestas escritas que las licenciatarias privadas de los gasoductos cursaron en 2005 a Cameron y a Madaro -a veces con copia a Ulloa- permite estimar un sobreprecio de alrededor de 50 millones de dólares pagados a las empresas constructoras Skanska, BTU, Contreras Hermanos, Norberto Odebrecht y Techint en ambos gasoductos.

El dinero provino de un fideicomiso de Nación Fideicomisos, sociedad del Banco Nación. Por eso, la acusación fiscal incluye, además de a Ulloa, a los 17 integrantes de la Unidad Ejecutora Obras Fideicomiso Gas, Area de Seguimiento y Control de Gestión, del Enargas.

Los otros funcionarios a quienes Stornelli quiere interrogar son Hugo Muñoz, vicepresidente del Enargas; Mario R. Vidal, director del ente, y Cristian Folgar, subsecretario de Combustibles.

La normas que idearon el financiamiento y la ejecución de las ampliaciones de los gasoductos surgieron del máximo nivel del Gobierno.

Se trata del decreto presidencial Nº 180, de 2004, que creó el Fideicomiso de Gas, y fue reglamentado por las resoluciones Nº 185/04 del Ministerio de Planificación y 663/04 de la Secretaría de Energía.



Esa secretaría actuó como organizador del proyecto de ampliación de la capacidad de transporte de gas de los dos gasoductos, y el Enargas, como su representante.

Los gerentes de las obras fueron las dos licenciatarias privadas de los gasoductos: Transportadora de Gas del Norte SA (TGN) y Transportadora de Gas del Sur SA (TGS).

El dinero del fideicomiso provino, entre otros, de inversores privados, como Repsol, y del Banco de Desarrollo de Brasil. Pero a su vez el pago a estos inversores se hará mediante fuertes aumentos a los grandes consumidores de gas, que son empresas que trasladarán estos costos a los precios de sus productos.



El 28 del mes pasado, LA NACION publicó una selección de las decenas de notas que TGN envió al Enargas, muchas con copia a Cameron, en las que se quejaba de los sobreprecios que presentaban Skanska, BTU y Contreras Hermanos para la construcción de tres plantas compresoras en el Norte.

Según TGN, en la primera apertura de sobres los sobreprecios ascendían al 152 por ciento. Tras la tercera apertura de sobres llegaban al 118 por ciento, y ahí fue cuando el Enargas dispuso que TGN adjudicara las obras a las tres constructoras.

Madaro y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, dijeron a LA NACION el 2 del corriente mes que los sobreprecios no habían sido tales porque TGN había presupuestado mal los costos.

En una grabación incorporada al expediente, Javier Azcárate, ex gerente de Skanska, mencionó que al Enargas se le habían pagado coimas del tres por ciento, y a Nación Fideicomisos, del dos por ciento.

En el Sur, TGS contrató a la multinacional brasileña Norberto Odebrecht, que a su vez subcontrató a Techint, Skanska y Contreras Hermanos.



En Odebrecht niegan la existencia de sobreprecios. La acusación de Stornelli abarca a directivos de esta firma y de TGN y TGS.

Al igual que TGN, TGS se preocupó por asentar en el papel la presencia de lo que consideraba sobreprecios.

Por ejemplo, el 12 de enero de 2005 cursó una nota a Cameron y a Madaro, con copia a Nación Fideicomisos, en la que señaló que "de aplicarse los precios contenidos en la oferta de Odebrecht, el monto de obra presentaría un incremento por mayores costos de US$ 50.000.000 más IVA".

Y el 28 de enero de ese año comunicó a Cameron, Madaro, Ulloa y a la doctora Estela Palomeque, del Banco Nación, que si bien Odebrecht había reducido sus números, "dichos montos resultan muy superiores al presupuesto que TGS presentó al Enargas. De aplicarse los precios contenidos en la mejora de Oferta de Odebretcht, el monto de la obra presentaría un incremento por mayores costos del orden de los US$ 39.000.000 más IVA."

El 4 de febrero de ese año, Cameron, Madaro, Ulloa y Palomeque recibieron una nota en la que TGS les informaba la oferta final de Odebrecht con una leve rebaja, pese a lo cual aún "presenta un incremento del orden de los US$ 34.000.000 más IVA".



Un poco más abajo en ese texto, TGS arrojó la toalla: "Habiendo TGS efectuado con Odebrecht y sus subcontratistas -en forma individual y en algunos casos juntamente con el Organizador y el Enargas- todas las evaluaciones, gestiones y negociaciones para lograr una mejora sustancial de la oferta, y considerando haber logrado el mejor precio posible en atención de las circunstancias que son de vuestro conocimiento, recomendamos adjudicar la licitación de montaje de cañería a la firma Odebrecht".

Así se llegó al 10 de febrero de 2005, día en que Madaro recomendó a Cameron en una nota con copia a Ulloa y al secretario de Obras Públicas, José López, que aprobara la adjudicación de las obras a Odebrecht por ser la mejor oferta.

Por Jorge Urien Berri
De la Redacción de LA NACION